Las ‘ciudades santuario’ habrán de dejar de serlo para recibir fondos del Departamento de Justicia

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions

El Gobierno de EEUU ha adoptado una medida por la que los entes locales que deseen acceder a fondos del Departamento de Justicia habrán de reunir unos requisitos concretos.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que los entes locales que deseen acceder a los fondos de un programa de ayudas del Departamento de Justicia habrán de cumplir con normas que, de cumplirse, acabarían con las llamadas ‘ciudades santuario’, aquéllas que, por proteger a los inmigrantes ilegales, violan las leyes federales migratorias del país. De este modo, con esta medida, Donald Trump cumple una de sus promesas de campaña fundamentales.

Estas nuevas normas establecen, en primer lugar, que las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y también, en segundo lugar, que habrán de notificar con 48 horas de antelación la puesta en libertad de cualquier persona indocumentada bajo custodia.

En un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, explica cuál es el propósito que ha impelido al Gobierno a tomar esta determinación: ‘Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos, debemos alentar a estas jurisdicciones a cambiar sus políticas’.

La orden emitida por el Departamento de Justicia podría afectar a unas 200 entidades locales que, conocidas como ‘ciudades santuario’, impiden la deportación de los inmigrantes indocumentados y entre las que se incluyen grandes urbes del país como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Éstas, que son gobernadas por los demócratas, sacan rédito de la mano de obra barata que ofrecen los inmigrantes indocumentados.

Una larga travesía

La cruzada de Trump contra las ciudades santuario comenzó apenas días después de su investidura como presidente de Estados Unidos, cuando lanzó una orden ejecutiva encaminada a cortar la financiación pública de estas urbes. De este modo, en la orden ejecutiva el republicano especificaba que la ‘aplicación en el interior de las leyes nacionales de inmigración es muy importante para la seguridad nacional de Estados Unidos’.

No obstante, la orden ejecutiva, que fue insistentemente criticada por la izquierda norteamericana, sufrió un notable revés en el mes de abril. Entonces, una magistrado californiano, William H Orrick declaró inconstitucional y bloqueó, por tanto, el apartado más jugoso de la directiva del presidente: ése en que se establecía la retirada de la financiación pública a las ciudades santuario por obstaculizar la implementación de las leyes migratorias del país. Esta resolución judicial contraria a los intereses de Trump fue emitida después de que la ciudad de San Francisco hubiese demandado al Gobierno por la orden ejecutiva.

Con la medida anunciada por el Departamento de Justicia, la Administración Trump muestra una vez más su determinación de hacer frente a la inmigración descontrolada y de velar por la seguridad de los estadounidenses.

Leave a Reply

Notificar de
avatar
wpDiscuz